"Esta Comisión debe llevar a cabo al seguimiento de las actuaciones de verificación y eventual pago de los créditos suspendidos y las relacionadas a las contrataciones directas. Incluso se dispuso invitar a la Contaduría General de la Provincia y a la Fiscalía de Estado para conformar la misma a través de un representante por cada organismo" expresó la diputada de la Coalición Cívica Maricel Etchecoin.
Según Walter Martello "es indispensable tomar conocimiento de la formación, actuación y funcionamiento de la Comisión con el objeto de comprobar no solo la legalidad de los pagos efectuados y los contratos celebrados, sino esencialmente la transparencia de los mismos a fin de establecer la existencia o no de irregularidades"
Por medio del Decreto 305/2008, sancionado con fecha veinte de febrero del 2008 y publicado con fecha veintiséis de febrero de 2008, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires declaró el estado de emergencia administrativo funcional del Ministerio de Salud por el término de 180 días contados a partir del dictado del mencionado decreto. Esta medida se tomó, según el Ejecutivo, a fin de realizar un reconocimiento de deuda.
Mediante el citado decreto se suspendió el pago a los proveedores por prestaciones realizadas antes del 31 de diciembre de 2007. Asimismo se facultó al Ministerio de Salud para llevar a cabo durante este lapso contrataciones directas. "Ese plazo se encuentra en la actualidad plenamente vencido" afirmaron los diputados de la CC. Queremos que Zin "detalle todas las medidas que se han llevado a cabo con el objeto de deslindar la respectiva responsabilidad administrativa y penal de aquellos funcionarios vinculados, eventualmente, a la falta de documentación y control relativo al pago de las mencionadas prestaciones de servicios, percepción de insumos y obras tal como se indica en el citado decreto" concluyeron Etchecoin Moro y Walter Martello.
Etchecoin y Martello realizaron, durante este año, pedidos de informes por el decreto 350/08, una interpelación al ministro Zin y una denuncia penal a fin de que la justicia investigue la declaración de emergencia.
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